Red por los Derechos de la Infancia en México

Pronunciamiento 18 de marzo de 2011

REDIM expresa preocupación por la impunidad que impera en el caso de agresión sexual cometido en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca

Hace cuatro años, en mayo del 2007, Leticia Valdés Martell denunció que en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca, su hijo de cuatro años fue violado por el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez y Gabriel Hugo Constantino García, esposo de la propietaria de la escuela, Yolanda León Ramírez. Han pasado ya casi cuatro años de que se hiciera la denuncia y los afectados aún no han encontrado justicia.

En el delito también está involucrada la profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de ser cómplice de abuso sexual infantil quien se encuentra detenida. Leticia Valdés ha pedido se dé a la profesora García Soto, la pena máxima de 17 años ya que, de acuerdo con los argumentos, está plenamente comprobada su participación ya que ella entregaba al niño a los acusados, Pérez Ramírez y Constantino García, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en 2007 y a la fecha no han sido detenidos.

Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el caso del niño agredido en la escuela privada, adquiere un carácter paradigmático, ya que evidencia muchos de los vacíos institucionales que existen para garantizar el derecho a la protección y el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito. La afectación que ha producido este delito en el niño han quedado establecidas dentro de la Recomendación 042008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Consideramos que este caso paradigmático constata diversas problemáticas para garantizar los derechos de niñas y niños víctimas del delito, entre las que destacan:

• Ausencia de supervisión en las escuelas, públicas y privadas, por parte de las autoridades competentes.

• Carencia de coordinación entre autoridades, para garantizar la seguridad de niñas y niños, lo que imposibilita que muchos de los delitos cometidos sean denunciados y/o perseguidos de manera oportuna.

• Omisión de las autoridades estatales al momento de cumplimentar con las órdenes de aprehensión.

• Largos y complejos procedimientos judiciales que revictimizan a los afectados y que impiden el acceso a la justicia.

• Estigmatización por parte de las autoridades, hacia los niños y niñas que han sido víctimas del delito

• Ausencia de la reparación del daño en beneficio de las víctimas del delito y por tanto, la falta de una efectiva restitución de sus derechos.

• Diversas formas de corrupción, en nuestro sistema de Justicia, representando uno de los mayores obstáculos y desafíos para México como un Estado de Derecho.

Desde la REDIM hacemos un llamado a la autoridad judicial estatal, para que ejecute las órdenes de aprehensión, que aún se encuentran pendientes y se sancione a los responsables materiales del delito.

Tenemos confianza, en que en el próximo debate y sentencia del presente caso en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de pronunciarse sobre los aspectos de debido proceso, buscará ponderar los derechos que tienen las víctimas respecto al acceso a la justicia, la reparación del daño y la restitución de sus derechos; asimismo esperamos, que esta resolución sea un avance en la determinación de la responsabilidad a la que están sujetas las diversas autoridades (tanto educativas, como judiciales), en la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Este caso, vuelve a recordar la urgencia por construir el Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia que, entre otros aspectos, ayudaría a reducir la impunidad en los casos donde se han visto violentados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo Red por los Derechos de la Infancia en México

Estimados Ministros de la SCJN:

Estimados Ministros de la SCJN:

Soy mamá de 3 hijos que me inspiraron a trabajar en contra de la explotación sexual de niñas y niños. Fundé una Asociación Civil, diseñé y coordiné 2 diplomados sobre la temática con la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y los mejores investigadores, médicos y activistas. Pude conocer experiencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Nicaragua, Paraguay y Perú. Sin embargo hoy, ante la posible liberación de una cómplice de la violación de un niño de 4 años en Oaxaca, me doy cuenta que no sé qué tendría que hacer para lograr que se hiciera justicia y quisiera que a mí y al resto de las mamás mexicanas nos orientaran. Lo más probable es que yo recomendaría o haría exactamente lo que ha hecho Leticia Valdés, mamá del niño, pero me doy cuenta que podría ser en vano, incluso contraproducente.

Si uno de mis hijos a los 4 años mostrara fuertes resistencia para ir a la escuela, intentaría que me diera razones, pero probablemente estaría amenazado y, como la generalidad de los niños, no me diría que está siendo violado incluso para protegerme; iría entonces a la dirección a preguntar, pero como para que se den las violaciones que él describe es necesaria la complicidad, me dirían que todo está bien. Si yo notara en su ano semen, le pediría aterrada a un médico de mi confianza que lo revisara; si me dijera que hubo una violación pero que para denunciarlo sería mejor un dictamen de un experto, llevaría a mi hijo, con pesar por lo que implica, a una nueva revisión y mandaría a analizar las sustancias necesarias a un laboratorio. También iría a un Ministerio Público y, a pesar de saber lo inadecuado que es el sistema de procuración de justicia para los niños, le pediría a mi hijo que narrara lo que vivió. Tal vez lograría la orden de aprensión de los culpables pero, como la explotación sexual de niños produce mucho dinero, es probable que autoridades protegieran a los responsables. En ese caso, acudiría a instancias federales, pero ahora sé que hay la posibilidad de que la policía estatal impida una detención en este tipo de casos. Si eso pasara, acudiría a alguna instancia de derechos humanos a presentar una denuncia y si ello derivara en una Recomendación y las autoridades no hicieran caso, acudiría a los medios de comunicación.

Les pido orientación porque ahora sé que un dictamen médico de alguien cercano podría invalidarse, el resultado del laboratorio, si fue hecho por una persona que lo entregó al responsable para ser firmado, podría invalidarse, la declaración de mi hijo podría invalidarse, la acción de la policía estatal para impedir la detención y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrían ignorarse y los detenidos y prófugos podrían quedar libres y continuar con este negocio tan redituable.

Me interesa mucho su respuesta porque también sé que el daño en el niño, registrado en la Recomendación 04/2008 de la CNDH es muy profundo y muy difícil de reparar, sé que no sólo sucedió en la escuela San Felipe porque cuando la mamá lo narró ante los medios, varias madres del municipio de Etla fueron a mi organización a platicar que sus hijos habían vivido lo mismo. Finalmente, sé por todos los casos que conozco que es muy probable que no se haga justicia. ¿Qué tendríamos que hacer entonces?

Raquel Pastor.